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Existen muchas alegaciones de desinformación por ambos lados de la pelea sobre una petición para revocar las ordenanzas de control de alquileres y desahucios justos en Richmond.

Estas ordenanzas pasaron por poco el 5 de agosto después de mucha discusión entre los concejales. Proponentes del control de alquileres y desahucios justos dicen que la necesidad de estas ordenanzas es causada por el alquilar alto y la rapidez del aburguesamiento en la ciudad. Oponentes argumentan que las ordenanzas no abordan la raíz del problema y que causarán más daño que bien. Como cualquier otra polémica, hay gente que opone el concepto fundamental del control de alquileres.

Este desacuerdo apasiona a los dos lados del debate a hacer todo posible en la pelea sobre la petición. Según activistas a favor del control que han sido presentados con la petición, algunos recolectores de firmas podrían estar dando desinformación. 

“Nos dijeron que la petición era a favor del control de alquileres y que apoyará a arrendatarios con el alquilar creciente,” dijo Sasha Gram, un residente de Richmond que firmó la petición para revocar el control. Un vecino luego le explico a Gram la verdadera meta de la petición.

“Nos da mucha pena el saber que nuestra firma aparece en algo que no apoyamos,” dice Gram. 

David Sharples de la Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE) entiende la táctica. “Si peticionarios congregan de frente de Safeway y muestran una petición para anular el control de alquileres,” explica Sharples, “no va a ver mucho apoyo.” El organizador de ACCE cree que engañar al público es la única manera peticionarios pueden obtener las 4,100 firmas necesarias para revocar la ordenanza.

Aun no se identifica la organización de tras de la petición, la California Apartment Association, una grupo de presión que representa alquileres, y la Contra Costa Association of Realtors la están apoyando.

“Nuestra preocupación principal es que el ayuntamiento municipal quiere frenar el aburguesamiento para ayudar a los residentes de Richmond y aseguran que el control de alquileres es la manera de hacerlo cuando se ha visto claramente en ciudades circundantes que esto no trabaja,” explica Heather Schiffman, Directora de Gobernación para la Asociación de Inmobiliarios de Contra Costa. Para ella, las ordenanzas de control y desahucios justos ya están demostrando pobres resultados.

“Miembros que aportan viviendas de Sección 8 están rescindiendo sus contratos con la ciudad porque un desahucio justo es tan difícil de demostrar. Esto significa que el problema que ya tenía la ciudad de la disminución de su vivienda económica simplemente va a empeorar.” 

Hasta que más vivienda económica se construye en la ciudad—que sería un gran alivio al mercado inmobiliario—defensores de control de alquileres y desahucios justos ven las ordenanzas como una solución inmediata. Estos oponentes a la petición están peleando uña y diente para asegurar que fracase.

Este grupo, que incluye a ACCE, miembros locales del Service Employees International Union (SEIU), y la Richmond Progressive Alliance (RPA), tienen tácticas propias, incluso algunos también son efectivamente desinformación. 

Un anuncio RPA circuló la ciudad la semana pasada declarando que el control de alquileres “proteja más de 25,000 residentes de Richmond” del aumento de alquiler. En realidad, la ordenanza que pasó este agosto solo protegería menos de 10,000. El anuncio también dice que la petición costaría $200,000 para ponerlo en la boleta. Esto solo sería el caso si una elección especial fuera necesaria, la cual el abogado municipal decidiría. Si la petición es exitoso, el asunto estaría puesto en la boleta de noviembre 2016 sin costo significante a la ciudad de Richmond.

Tampoco queda claro la cantidad de dinero cada grupo tiene de tras del asunto. El Richmond Standard reporta que peticionarios obteniendo firmas ganan entre $6.50 y $12.50 por firma, dependiendo en la fuente. 

Mientras, las fuentes del Standard estiman que las llamadas grabadas de SEIU para disuadir residentes de Richmond de firmar la petición podrían costar miles de dólares. 

Varia información en cada lado de la campaña es engañosa y en conflicto, pero no hay falta de literatura disponible para que el público se informe.

Los peticionarios tienen hasta el cuatro de septiembre para entregar las firmas por reviso al secretario municipal, un proceso que podría durar meses. Si son exitoso, las ordenanzas el control de alquileres y desahucios justos serán revocadas y el asunto se decidirá por los votantes de Richmond. Alternativamente, si la petición se fracasa, estas ordenanzas se efectuaran de inmediato.

Mientras tanto, Gram tiene una palabras sabias para cualquiera presentado con una petición para revocar el control de alquileres o cualquier otra petición en el futuro: “Informase, haga preguntas, y lea esas boletas para asegurarse que sabe lo que firma.”

Photo: Spartan Daily