Editorial: Justicia negado en Richmond


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14 de septiembre de 2015 

La justicia para las víctimas de tiros policiales cuestionables han sido el cetro de intenso dialogo a nivel nacional que poco a poco trae mayor escrutinio y transparencia a los departamentos de policía en todo el país. Richmond lleva ventaja como modelo nacional por su vigilancia comunitaria, pionero de programas alternativas para la reducción del crimen, y líder regional de la justicia social. 

A pesar de esto, para la familia de Richard “Pedie” Pérez, el joven desarmado matado por un oficial de policía el 14 de septiembre de 2014, aún no hay justicia. El abogado municipal de Richmond ha ilegalmente bloqueado la revisión independiente del disparo contra Pérez por la Comisión Policial de Richmond, un consejo de supervisión civil que sufre por una inhabilidad para cumplir su propósito. 

La Comisión Policial de Richmond (Richmond Police Comission) fue fundado en 1984 después de una seria de abusos por un grupo de policías apodado los “Richmond Cowboys.” La Comisión consiste de nueve residentes sin pago designados por el alcalde y asistidos por el Investigador Confidencial y Oficial de Apelaciones (ICOA). El ICOA, quien es apuntado por el consejo municipal y responde solo a ellos y a la Comisión, conducta investigaciones independientes que incluye colectar evidencia y entrevistar testigos y policía. 

La ordenanza de la Comisión dicta que ciudadanos tienen hasta 45 días después de un incidente para presentar una denuncia alegando abuso racial o fuerza excesiva o innecesaria. Esto es un tiempo extraordinariamente corto para presentar una denuncia a un consejo que muchos residentes no saben que existe o que piensan que es asociado con el departamento policial. Afortunadamente, la ordenanza contiene una cláusula de salvaguardia, permitiendo al ICOA aceptar e investigar denuncias tardes si “el denunciante establece a satisfacción del Oficial Investigador que la tardanza fue debido a un error o negligencia excusable.” 

Error o negligencia excusable— ¿cómo el no saber de la existencia de la Comisión Policial? Según varias declaraciones públicas, eso fue precisamente lo que le pasó a la familia Pérez. No presentaron su denuncia con la Comisión hasta marzo del 2015, seis meses después de la muerte de su hijo. Y allí es donde nuestro sistema de supervisión civil independiente se derrumbó, comenzando con la subversión ilegal del abogado municipal a la autoridad de la Comisión Policial. 

El abogado municipal representa al Departamento de Policia. Tiene ni el incentivo para sostener ni la autoridad para negar los denuncias—acciones que claramente caen bajo los poderes y responsabilidades de la Comisión. Y aun así, el 3 de junio del 2015, el abogado municipal negó el denuncia Pérez y opinó que una investigación independiente es innecesaria.

“Le escribo a respuesta de su denuncia civil presentado a la Comisión Policial de Richmond sobre el disparo fatal de un policía el 14 de septiembre de 2014. El código municipal sección 3.54.080(b)(3) estipula que ninguna denuncia puede ser aceptado, investigado o escuchado si no es presentado dentro de 45 días del incidente. Además, este incidente ya está bajo investigación por ambos el abogado del distrito y un investigador neutral retenido por la ciudad. Este asunto es objeto de una litigación activo por el abogado John Burris. Aunque fueran estas denuncias puntuales, y no lo son, tengo duda que una tercera investigación encima de la investigación del Sr Burris agregaría algo de valor.”

Este edicto no solo está fuera de orden, es absolutamente reprensible para el abogado municipal sugerir que investigaciones del abogado del distrito y el departamento de oficial de policía vuelven investigaciones independientes innecesarias, especialmente en una ciudad que ha estabilizado un consejo específicamente para ese propósito. Los abogados del distrito son fiscales, y con razón tienen buenas relaciones con policías. Nadie sensato podría creer que una denuncia en contra de una oficial de policía recibiría una revisión objetiva menos de que se eliminara toda duda.

Después del rechazo varios comisionados intentaron sacar a tema la denuncia Pérez para discutir, pero el abogado municipal les advirtió no hablar del caso públicamente, citando litigio en curso y de expresión restringida de funcionarios municipales:

“Absolutamente no es un elemento de discusión… litigios tribunales federales previene a todos los funcionarios municipales en discusiones sobre incidentes en reuniones concejales o en público.” (Jefe, Administrador Municipal, Consejo, Comisión de la Policía)

Esto es todavía otro decreto ilegal por el abogado municipal porque los comisionarios no son empleados de la ciudad y porque el propósito de la junta es representar los intereses do los ciudadanos, no a los de la ciudad de Richmond (véase Mares v. Bassett que específicamente protege los derechos de los miembros de la comisión no empleados según la Primera Enmienda). Si el abogado municipal tendía su manera, ¡la Comisión Policial no pudiera hablar de cualquier denuncia que involucraba una demanda!

Desafortunadamente, también la Comisión Policial ha sido un impedimento a la justicia. En la reunión de la comisión en julio del 2015, se le preguntó al ICOA por qué no había entrevistado a la familia Pérez para determinar si su tardanza fue debido a un error o negligencia excusable. Su respuesta, a pesar de una ordenanza que claramente permite ciudadanos esta avenida de alivio y marca él el responsable de esta adjudicación, era que el manual de la comisión especificaba como proceder y no había criterios escritos. Además, en clara violación de este mismo manual, la ICOA nunca notificó a la Comisión que la denuncia fue recibida y en cambio colaboró únicamente con el abogado municipal.

Esta no es la manera “justa, ética, y objetiva” en la que la ICOA se encarga de asistir a la Comisión y los denunciantes. Todavía más importante, hay precedente por la cual la Comisión acepta denuncias tardes. Hace varios años una ICOA anterior presentó una denuncia tarde y a la Comisión y el consejo optó seguir con la investigación. Como comisionario de turno he informado al abogado municipal de mi deseo de revisar todas las documentaciones archivadas para determinar cuantas otras denuncias tardes fueron investigados—están revisando mi petición. La razón por la cual la más recién ICOA no actuó en los intereses del público permanecerán un misterio; renunció en agosto.

La Comisión Policial tendrán que superar muchos más desafíos para darle a la familia Pérez y otros denunciantes ciudadanos, y operar fuera de la influencia de la oficina del abogado municipal. Urjo a nuestro Ayuntamiento tomar medidas decisivas en lo siguiente:

  • Dirigir a la Comisión Policial investigar todas las denuncias tardes y pendientes de abuso racial o de fuerza excesiva.
  • Contratar de inmediato a un nuevo ICOA independiente y a tiempo completo, e incluir a la Comisión en el proceso de entrevista. El ICOA, no el abogado municipal, debería administrar operaciones día a día de la Comisión.
  • Modificar la ordenanza 3.54.080 para aclarar la aceptación de denuncias tardes, reforzar el deber de la ICOA a la Comisión y el Ayuntamiento, y considerar la eliminación de secciones anticuadas ya no aplicables bajo la ley estatal corriente.
  • Requerir al Departamento de Policía de informar a cualquier ciudadano implicado en un incidente de uso de fuerza sobre la Comisión Policial y de su propósito.
  • Proveer a la Comisión una secretaria a tiempo completo en lugar de sobrecargar a un asistente administrativo que ya tiene un trabajo a tiempo completo en otro departamento. Al momento, correos electrónicos no están siendo contestadas, informes investigativos están incompletos, y las minutas no se están registrando correctamente ni se están publicando en el sitio web de la ciudad.
  • Proporcionar un mayor presupuesto para los materiales de divulgación de la Comisión para aumentar la conciencia pública. 

Yo no sé lo que pasó aquella noche hace un año en Uncle Sam’s Liquors, pero como comisionario tengo preguntas, y la familia Pérez merece respuestas. ¿Se han grabado y repreguntado los testimonios de los testigos? ¿Un intoxicado Pedie Pérez realmente intentó agarrar el arma del oficial o solo luchó (sin deber) con él? ¿Hay pruebas claras y convincentes de que una fuerza excesiva o innecesaria se utilizó contra Pérez? Yo he participado en entrenamientos de “Opciones de Fuerza” y he sido testigo del control extraordinario nuestros patrulleros poseen mientras consistentemente despliegan opciones no letales para controlar asaltantes. ¿Se llevó el Oficial Jensen, quien disparó y mató a Pedie, su taser, gas pimienta, o porra esa noche, de acuerdo con el manual de políticas del Departamento de Policía? ¿Si sí, por qué no los usó en vez de su arma?

Al final de todo, es así: un joven residente no armado murió a las manos de lo que comenzó como un pequeño altercado con un oficial. La familia Pérez ha peticionado a la Comisión Policial a investigar mientras el abogado municipal intenta blocarlos. ¿Qué piensa usted? ¿Qué significa justicia en Richmond? 

felix.jpgFelix Hunziker es un comisionario policial y ex presidente. Estas opiniones son suyas y no reflejan una posición oficial de la Comisión Policial de Richmond.

 

 Translated by Emmanuel Diaz

 

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